Apenas cinco meses después de que el Congreso lo censurara por incapacidad frente a la crisis de inseguridad ciudadana, Juan José Santiváñez volvió al Gabinete Ministerial. Esta vez, la presidenta Dina Boluarte le entregó la cartera de Justicia y Derechos Humanos, decisión que ha generado fuertes cuestionamientos por parte de juristas y colectivos ciudadanos.
Lejos de apartarlo de su entorno tras su destitución como ministro del Interior, Boluarte mantuvo a Santiváñez cerca del Ejecutivo al colocarlo, semanas después, al frente de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. Ahora, con su retorno al Minjus, se reaviva la crítica sobre el uso político de un ministerio considerado esencial para la defensa del Estado de derecho.
Organizaciones como Capitalismo Consciente advirtieron que el nombramiento pone en riesgo la legitimidad del sector. “El Ministerio de Justicia requiere idoneidad e integridad”, señalaron en un pronunciamiento, exhortando a la mandataria a sustentar públicamente los criterios que motivaron la designación del cuestionado funcionario.