Un nuevo escándalo sacude al Gobierno Regional de Junín luego de que la Contraloría revelara que seis militantes de Batalla Perú, partido encabezado por el gobernador Zósimo Cárdenas, accedieron a plazas laborales de forma irregular. Las denuncias señalan un posible tráfico de influencias para asegurar estos contratos bajo la modalidad CAS.
Entre los favorecidos figuran Luis Fernando Ñaupari Lino, Kimberly Estefany Manturano Inchi y Cynthia Paola Montañez Aponte, entre otros, quienes según el Registro de Organizaciones Políticas forman parte del movimiento de Cárdenas. El informe sostiene que ninguno cumplía con los criterios básicos del concurso público y aun así fueron designados en cargos administrativos y de archivo.
El caso cobra relevancia política porque Cárdenas no ha descartado su candidatura presidencial en 2026. Batalla Perú, partido que fundó, ya anunció su participación en la contienda electoral en alianza con Fuerza Moderna, liderada por Fiorella Molinelli. La polémica contratación, sin embargo, pone en entredicho la imagen de transparencia que promueve su agrupación.