La confrontación entre el gobierno de California y el presidente Donald Trump escaló este lunes tras la presentación de una demanda por el supuesto uso indebido de la Guardia Nacional en Los Ángeles. El fiscal general Rob Bonta y el gobernador Gavin Newsom acusan al mandatario de violar la Constitución al federalizar las tropas sin autorización estatal, en respuesta a recientes protestas contra redadas migratorias. Según indicaron en conferencia de prensa, esta acción representa una “clara intromisión” en las competencias reservadas a los estados.
La medida legal surge luego de un fin de semana tenso, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles para rechazar las políticas migratorias de Trump. Aunque las autoridades locales aseguraron tener el control, el presidente ordenó la movilización militar bajo el argumento de mantener el orden, decisión que, según los demandantes, no solo fue innecesaria, sino que también vulnera la Décima Enmienda, al no contar con el consentimiento del gobernador.
En medio del cruce de declaraciones, el asesor migratorio Tom Homan encendió aún más el debate al sugerir que Newsom y la alcaldesa Karen Bass podrían enfrentar consecuencias legales por oponerse a la intervención. El gobernador respondió con firmeza y dejó en claro que no aceptará acciones impuestas desde Washington. El caso, según expertos, podría llegar hasta la Corte Suprema y convertirse en un precedente clave sobre los límites del poder presidencial frente a la soberanía de los estados.