Una nueva resolución del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) ha encendido el debate nacional: se modificó la Guía de Aborto Terapéutico reduciendo de 15 a 11 las causales autorizadas, eliminando condiciones clave como el daño a la salud mental por embarazos producto de violación sexual en niñas. La decisión fue impulsada por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, quien argumentó que la guía anterior “permitía abortos fuera del marco legal”.
El cambio ha sido duramente cuestionado por activistas y especialistas en derechos humanos. La abogada Elízabeth Zea, exadjunta constitucional de la Defensoría del Pueblo, aclaró que el aborto terapéutico no se limita a lo físico. “El Código Penal contempla el daño grave a la salud, incluyendo el mental. Ignorar eso es desconocer nuestra propia jurisprudencia y compromisos internacionales”, explicó. Recordó el caso ‘Camila’, donde el Estado peruano fue condenado por la ONU por negar a una niña indígena el acceso a un aborto seguro tras una violación.
Pese a las advertencias de organismos nacionales e internacionales, el Ministerio de Salud optó por retroceder en materia de protección a las niñas gestantes. Más de 500 organizaciones y personas firmaron un pacto para frenar estos cambios, sin éxito. Desde Promsex advierten que los Centros de Emergencia Mujer reciben a diario más de 80 casos de violencia sexual y que ahora, con esta actualización, las víctimas más jóvenes quedan aún más desprotegidas ante un sistema que no prioriza su salud ni su dignidad.