El congresista Pasión Dávila, de la Bancada Socialista, ha solicitado a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, abrir una investigación preliminar contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y varios funcionarios municipales por la adquisición de trenes, locomotoras y repuestos de la empresa estadounidense Caltrain. Según el legislador, la operación, presentada como una «donación», ocultaría en realidad una compraventa encubierta.
Dávila advierte posibles delitos como defraudación de renta de aduanas, malversación de fondos, colusión, abuso de autoridad y falsedad ideológica. En su oficio, fechado el 23 de julio, pide que se cite a los responsables como investigados y se obtenga documentación de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) sobre la operación. También se solicita coordinar con autoridades de EE. UU. para verificar la naturaleza real del acuerdo con Caltrain.
Entre los indicios que sustentan la denuncia, se encuentra una supuesta declaración aduanera falsa, el ocultamiento de pagos —más de 7 millones de dólares, según reveló Rafael Rey— y una valoración inflada del material ferroviario, que pasó de US$4.9 millones a más de S/822 millones en registros oficiales de la MML.