Patricia Benavides reapareció este lunes en el programa Al Final del Día de Canal N, donde afirmó que su restitución como fiscal de la Nación fue completamente legal. Explicó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) votó de forma unánime entre los miembros habilitados, lo que, según la Ley del Procedimiento Administrativo General, valida la nulidad de su destitución. “Los seis que votaron estaban legalmente habilitados. Eso es lo que reconoce la ley como unanimidad”, sostuvo.
La votación se realizó entre seis de los siete miembros de la JNJ, ya que el magistrado Francisco Távara se excusó de participar desde el inicio y no asistió al informe oral, lo que lo dejó fuera del proceso. Los seis restantes decidieron dejar sin efecto la sanción impuesta a Benavides en 2024, cuando fue destituida por apartar a la fiscal Bersabeth Revilla —quien investigaba a su hermana— y por designar a un fiscal con antecedentes disciplinarios.
Benavides también reveló que la fiscal en funciones, Delia Espinoza, fue notificada formalmente por la JNJ sobre la anulación de las medidas disciplinarias en su contra. Según ella, el proceso respetó la legalidad y se ajustó al artículo 17 del documento oficial que justifica su retorno. Con esta restitución, Benavides busca retomar su cargo en medio de un contexto aún tenso dentro del Ministerio Público.
El Gobierno promulgó la Ley N.º 32086, que busca fortalecer el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) con un aumento progresivo hasta el 2% del presupuesto nacional en 2029. La presidenta Dina Boluarte calificó la medida como “un paso firme hacia una descentralización real”, y destacó que los distritos más alejados y con mayores brechas sociales serán los más beneficiados. Durante la ceremonia en Palacio de Gobierno, agradeció al Congreso por respaldar esta iniciativa.
Sin embargo, no todos los municipios accederán automáticamente al incremento. La norma establece que solo aquellos que cuenten con al menos dos de tres planes estratégicos —el Plan de Desarrollo Local Concertado, el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional— alineados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 podrán recibir más recursos. Estos fondos estarán destinados exclusivamente a inversión pública, quedando prohibido su uso en gasto corriente.
El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, aseguró que la norma no comprometerá la estabilidad fiscal del país. Señaló que se brindará capacitación a las autoridades locales para evitar errores en la ejecución y garantizar resultados concretos en obras como agua, salud y transporte. La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2026, por lo que los gobiernos locales deberán acelerar su preparación técnica para no quedarse fuera de este nuevo impulso financiero.