En un giro impactante, dos suboficiales de la Policía Nacional, Franklin Pérez Vargas y Gianpaul Bastidas Rodríguez, figuran como propietarios de la empresa R&R, responsable de la contratación de los 13 trabajadores asesinados en Pataz. Según la Fiscalía, ambos policías habrían reclutado a las víctimas sin ningún tipo de documentación formal, ofreciéndoles 300 soles diarios por tareas de seguridad para mineros informales, sin advertirles del peligro que corrían.
Mientras tanto, las redes sociales de Bastidas Rodríguez han expuesto un estilo de vida lujoso que contrasta fuertemente con su salario de 3,000 soles mensuales. La empresa operaba en un vacío legal, sin cumplir con las normativas mínimas de seguridad, lo que provocó que los jóvenes, sin preparación militar, fueran obligados a conseguir sus propias armas. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la implicación de la policía en el crimen organizado.
El caso ha desvelado una trama de corrupción y abuso, revelando cómo la policía podría estar vinculada a actividades ilícitas dentro de la minería informal en el país. La implicación de estos suboficiales resalta un escandaloso abuso de poder y una cadena de negligencia que terminó en una tragedia humanitaria.
El hackeo se produjo en un contexto de creciente controversia sobre las deportaciones impulsadas por Trump, que utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar la medida, a pesar de que un juez federal había declarado ilegal la deportación de venezolanos bajo ese argumento. La aerolínea GlobalX, acusada de colaborar con el ICE en estos traslados, se ha visto envuelta en críticas debido a las condiciones inhumanas en las que los inmigrantes son transportados, incluyendo su traslado encadenados en los aviones.