La Municipalidad de Lima, liderada por Rafael López Aliaga, ha autorizado hasta nueve contratos con el bufete neoyorquino Boies Schiller Flexner para representar a la ciudad en acciones judiciales en Estados Unidos contra la empresa Brookfield, controladora de Rutas de Lima. El gasto público asciende ya a S/97.510.450, pero tres de estos contratos —que representan casi la mitad del monto total— no cuentan con sustento visible ni detalle alguno en el portal oficial de contrataciones del Estado (SEACE).
Los acuerdos, fechados entre junio y septiembre de 2024, suman S/48.590.450 y fueron clasificados como “confidenciales” por la propia municipalidad, lo que impide conocer los términos, objetivos o resultados obtenidos. A pesar de los intentos por obtener información a través de solicitudes y consultas, la comuna limeña no ha ofrecido respuestas ni explicaciones sobre la opacidad en estos contratos ni sobre el porqué de su tratamiento distinto en comparación con otros documentos similares que sí han sido publicados.
Mientras tanto, desde el bufete Boies Schiller Flexner, su representante en Perú asegura que se intenta demostrar ante autoridades estadounidenses que Brookfield adquirió acciones de una empresa ligada a la corrupción (Odebrecht). Sin embargo, en EE.UU. no se registra ninguna investigación contra Brookfield. Aún así, el alcalde López Aliaga mantiene su estrategia legal internacional, respaldado por millonarios contratos sin resultados concretos ni fiscalización transparente.