Un reportaje de Punto Final sacó a la luz un informe reservado de la Defensoría del Pueblo que proponía cambios en la Constitución para reducir las investigaciones contra el presidente en funciones. El documento N°226, elaborado en septiembre de 2024 bajo la gestión de Josué Gutiérrez, sugería modificar el artículo 117 para limitar las indagaciones a casos de traición a la patria, cierre del Congreso o impedimento de elecciones, dejando fuera posibles delitos de corrupción.
De haberse aplicado, la presidenta Dina Boluarte habría quedado protegida frente a procesos como el caso Rolex o las muertes en las protestas de 2022 y 2023. Lo más llamativo es que el informe nunca se publicó en la web institucional y se presentó de manera reservada en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, con la presencia de la propia mandataria.
El giro resulta aún más polémico porque en 2022 la Defensoría, bajo Walter Gutiérrez, defendía que un jefe de Estado sí podía ser investigado. Para especialistas como la constitucionalista Beatriz Ramírez, el viraje no tiene sustento técnico y muestra una preocupante alineación política con el Ejecutivo.