El despacho del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, representó legalmente a al menos seis altos funcionarios que hoy ocupan cargos clave en el Estado. Entre ellos se encuentra Anatoly Bedriñana Córdova, actual secretario general del Mininter, quien fue defendido por Santiváñez en un proceso por usurpación agravada que terminó en condena. Pese a la sentencia, Bedriñana no ha pagado la reparación civil impuesta, según denunciaron los agraviados.
Otros ex patrocinados incluyen a César Guardia Vásquez, viceministro de Orden Interno, y a Rómulo Reyes Rosales, director de Seguridad Ciudadana, quienes recurrieron al estudio de Santiváñez para procesos judiciales previos. Guardia logró su reincorporación en la Policía mediante un amparo gestionado por el ahora ministro, mientras que Reyes intentó defenderse en un caso de homicidio calificado. A pesar de las pruebas documentales, Santiváñez ha negado haber intervenido en su actual designación.
Dalia Salazar Suárez, secretaria general de la PCM, también habría sido representada por el estudio del ministro en una investigación por negociación incompatible en 2016. A esta lista se suman Luis Fernando Reátegui Salazar, jefe de Seguridad del Congreso, y Flor del Carmen Sobero Niño, ex comandante de la PNP. Ambos buscaron asesoría para revertir sus pases al retiro, aunque sin éxito. Estos vínculos generan cuestionamientos sobre la influencia del ministro en la designación de sus ex clientes dentro del sector público.